El atroz asesinato de cuatro jornaleros migrantes en la provincia de Cosenza, encerrados en un coche y quemados vivos deliberadamente por los caporales por haber pedido un salario a cambio del trabajo no remunerado al que se veían obligados, probablemente debido a la imposibilidad de pagar los intereses usurarios de préstamos contraídos anteriormente, ha hecho que el 6 de junio se reunieran en Amendolara la CGIL de Landini y diversas organizaciones asociativas, fuerzas del sindicalismo de base y alternativo, grupos de la izquierda radical y de la extrema izquierda.
Se trató de la enésima iniciativa propagandística destinada a replantear lógicas cómplices y fallidas sobre la posibilidad de resolver una cuestión estructural como la de las relaciones agrarias vigentes en el Sur, íntimamente conectadas con el imperialismo del Norte de Italia, y de su superestructura política y criminal, con la reivindicación (al gobierno fascista en el poder) de leyes más adecuadas, inspecciones más frecuentes e iniciativas organizadas o «autoorganizadas» destinadas, según se sostiene, a obtener derechos, salarios normales y el fin de los abusos contra los jornaleros.
En la manifestación de Amendolara se impuso, por tanto, la línea de la CGIL (con su secretario Landini afirmando: «¡Las leyes ya existen! ¡Basta con aplicarlas!»), que apuntaba a una denuncia superficial del fenómeno del caporalato, combinada con la tesis de su supuesta difusión a escala nacional. Tesis, por tanto, destinada a negar la necesidad de una nueva y real «reforma agraria» en el Sur y en las Islas.
Este enfoque de la CGIL y de las diversas fuerzas oportunistas, que se han sumado a dicho sindicato en la manifestación de Amendolara, trata de ocultar la actual Cuestión Meridional, que resulta ser, histórica y estructuralmente, precisamente el resultado de un proceso que tiene sus raíces en una revolución agraria que no se produjo.
Es esta ausencia la que, de hecho, ha producido en conjunto un tipo de capitalismo atrasado también desde el punto de vista de los demás sectores productivos, desde la industria hasta las empresas de construcción, desde el comercio hasta el turismo, etc., subordinado al imperialismo del norte de Italia, y que ha dado lugar al fenómeno de una mafia y una gran delincuencia indisolublemente ligadas a la superestructura política del Sur y que operan en el seno de todos los partidos en el poder, los sindicatos confederales, las centrales cooperativas y, a menudo, incluso dentro del sindicalismo de base del Sur, donde las sedes sindicales actúan a veces como formas de «caporalato blando», es decir, como agencias de colocación de mano de obra precaria.
La necesaria lucha por la defensa de los intereses económicos de los jornaleros, de los agricultores (aplastados por los impuestos y los bajos precios de sus productos impuestos por los intermediarios y los grandes monopolios), de los pequeños y medianos empresarios (sin mano de obra externa o con una o dos personas a su cargo) y de los pequeños ganaderos (pensemos en el caso llamativo de las luchas libradas, en algunos casos, «manu militari » por los pastores sardos), debe combinarse, si quiere evitar un fracaso total, con la lucha por una nueva y efectiva «reforma agraria e » como eje de un renacimiento del Sur y de las Islas que, en tal caso, también puede llegar a hacer valer de manera concreta el derecho a la autodeterminación para las realidades que deseen ejercerlo.
Solo la penetración del cáncer de las teorías económicas burguesas y del revisionismo, sostenido y difundido por las aristocracias obreras y de servicios vinculadas al capitalismo monopolístico de Estado, en las fuerzas de la oposición sindical, política y social, puede explicar el dato que destaca como «capitalísticamente desarrolladas» a las medianas y grandes empresas del Sur y de las Islas (con evidentes particularidades en el caso de Cerdeña, caracterizada por el sector agropastoral y lácteo) que operan a través del sistema del caporalato.
De hecho, este sistema no expresa más que un tipo de relaciones agrarias y, por tanto, de tipología empresarial que, al poder contar con relaciones de explotación servil (es decir, semifeudales y no, como se suele decir a menudo, con lógica liberal y revisionista, «esclavistas») y, por tanto, no propiamente capitalistas, se cristalizan en producciones monoculturales (olivares, cítricos, los viñedos, el trigo duro y, en parte, el tomate) que operan directamente al servicio de los monopolios del norte de Italia y del capital internacional de otros países imperialistas, que imponen precios muy bajos a los productos. La consecuencia es que, en el momento de su venta efectiva en los mercados nacionales e internacionales, los elevados precios de los productos incorporan, en beneficio de los monopolios de la gran distribución y del capital financiero, una parte relevante de la plusvalía y del valor (lo que teóricamente debería reproducir el valor de la fuerza de trabajo) producidos por los trabajadores asalariados, así como una parte relevante de las rentas y del propio valor producido por los pequeños y medianos agricultores.
Las relaciones agrarias anquilosadas de un sistema capitalista atrasado que opera mediante la mediación del capitalismo monopolista de Estado, además de contener un sistema de relaciones de producción de tipo semifeudales, determinan necesariamente la reproducción de una superestructura política y criminal de carácter terrorista, que vela por el mantenimiento de dichas relaciones. Sin contar el hecho de que las relaciones agrarias, si bien constituyen el núcleo de la génesis de la Cuestión Meridional, hoy se perpetúan de manera orgánicamente conectada a todo un sistema de relaciones económicas atrasadas y desintegradas del Sur y de las Islas, que conecta de manera perversa diversos tipos de renta cuyas nuevas formas se presentan como desarrollo y continuación de las antiguas.
El caporalato es, por tanto, solo una manifestación de un sistema económico, político y criminal que es sinónimo precisamente de la «Cuestión Meridional». Queda claro, pues, que la lucha por los derechos o las mejoras y contra los abusos, las vejaciones y el caporalato, o bien se presenta como parte integrante de la lucha por una nueva y verdadera reforma agraria y por un renacimiento económico, político y moral del Sur y de las Islas, o bien representa una tapadera ilusoria y fallida del enésimo intento destinado a salvaguardar y reformar, y por tanto a reforzar, dicho sistema.
Una nueva y verdadera reforma agraria no puede, por tanto, sino ser el resultado de una revolución democrático-popular, porque sin organizar a los jornaleros, los pastores y las masas populares del Sur, con el objetivo de llevar a cabo efectivamente dicha revolución, no se puede pensar en derrotar los pilares semifeudales e imperialistas del capitalismo atrasado y de la superestructura política y criminal de la sociedad del Sur, salvaguardados, defendidos y reproducidos por los aparatos del Estado nacional, de sus gobiernos, de sus fuerzas políticas de poder fascistas y socialfascistas (PD, M5S), de los sindicatos confederales y de los de otras fuerzas políticas y sindicales oportunistas.
Hoy vuelve, pues, ligada al problema de la revolución democrático-popular, la histórica consigna de «la tierra para quien la trabaja». Las explotaciones agrícolas y agropastorales de este sistema capitalista atrasado y criminal deben ser requisadas mediante la lucha revolucionaria y entregadas en propiedad privada, pero a ser posible asociativa, a los jornaleros y a los agricultores directos.
Hablar de la necesidad de construir un partido comunista sin aclarar y afirmar el programa democrático-popular que debe llevar adelante en conexión con la perspectiva del socialismo significa seguir engañando a los trabajadores y a las masas populares y seguir haciendo pasar por «comunistas» a fuerzas reaccionarias y oportunistas putrefactas que, ondeando la bandera roja, trabajan para hundir preventivamente precisamente esta gran bandera del proletariado internacional.
¡Abajo el semifeudalismo, el imperialismo y el revisionismo
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